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La jueza federal de Boston, Indira Talwani, emitió este mes una orden preliminar que impide al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) cancelar el permiso de parole humanitario a más de 8.400 inmigrantes que se encuentran en el país.
El 12 de diciembre del año pasado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), la agencia que está bajo la órbita del DHS y se encarga de los exámenes de ciudadanía y el control y la emisión de todas las visas de inmigrantes, anunciaba que pondría fin al programa de reunificación familiar con parole (o FRP).
En aquel comunicado, el USCIS argumentó: “Eliminar los programas FRP es un retorno necesario a políticas de sentido común y a la idea de ‘Estados Unidos primero'”.
La medida protege el estatus legal y los permisos de trabajo de ciudadanos que hayan ingresado al país bajo programas de reunificación familiar procedentes de Cuba, Colombia, Ecuador, Haití, El Salvador, Honduras y Guatemala. Según la agencia Reuters, estos beneficiarios
Esta decisión judicial surge tras una demanda colectiva que impugnó la anulación de los permisos vigentes por parte de la administración Trump. La jueza Talwani ya frenó anteriormente la cancelación de urgencia prevista originalmente para el 14 de enero. La misma magistrada fue una de los dos jueces que, en octubre del año pasado, durante el cierre parcial del gobierno federal, ordenó a la administración Trump que liberara los fondos de contingencia para que continuara el pago del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP.
Cuáles fueron los argumentos de la jueza Talwani para frenar la cancelación de los parole
Talwani explicó que el gobierno federal no justificó el cambio de política migratoria de manera adecuada. Además, subrayó que el DHS omitió el impacto que la medida ocasionaría sobre quienes reorganizaron su vida en el país.
Indira Talwani, jueza de distrito en Boston, afirmó en su orden judicial que el gobierno no puede modificar estas reglas sin ofrecer una “explicación razonada” sobre el daño que causaría la medida.
Los programas de parole humanitario afectados recibieron actualizaciones y algunos fueron creados durante el mandato del expresidente Joe Biden.
Actualmente, el bloqueo legal permite que los familiares de residentes permanentes mantengan su estatus legal y laboral en Estados Unidos.
La medida puede darle un respiro a los habitantes que tengan este permiso, pero el USCIS advirtió que “está vehementemente en desacuerdo” con la resolución de la jueza y que continuarán impugnando la orden del tribunal.
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Crédito de la fuente original: www.clarin.com
