El Gobierno de Javier Milei recibió una orden judicial para implementar la ley de emergencia en discapacidad, la cual fue aprobada por el Congreso en septiembre. La administración libertaria decidió suspender la aplicación de esta ley hasta que se garantizara su financiamiento, lo cual desencadenó un conflicto legal.
La ley en cuestión busca brindar protección a las personas con discapacidad hasta finales de 2026, con la posibilidad de extenderse un año más. A pesar de haber sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso, el Gobierno decidió no ponerla en marcha hasta contar con los fondos necesarios.
La decisión de suspender la ley generó controversia, ya que se argumentó que se estaba vulnerando el principio de división de poderes y se estaba perjudicando a un grupo de personas vulnerables que necesitan de esta protección especial.
La Justicia Federal de Campana falló a favor de la aplicación inmediata de la ley, argumentando que la suspensión de la misma estaba afectando los servicios y prestaciones de salud para las personas con discapacidad. Se destacó que el Gobierno tenía la facultad de reasignar partidas presupuestarias para cumplir con esta normativa.
En síntesis, la Justicia ha instado al Gobierno de Milei a poner en vigor la ley de emergencia en discapacidad para garantizar la protección y el bienestar de las personas con discapacidad en el país.
Preguntas frecuentes:
¿Por qué se suspendió la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad por parte del Gobierno de Javier Milei?
La administración decidió suspenderla hasta contar con los fondos necesarios para su financiamiento.
¿Qué argumentos utilizó la Justicia para ordenar la implementación inmediata de la ley?
La Justicia señaló que la suspensión estaba afectando los servicios de salud para las personas con discapacidad y que el Gobierno tenía la capacidad de reasignar partidas presupuestarias para cumplir con la normativa.
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