El Gobierno ha dado un golpe de efecto al nombrar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en un movimiento audaz que desafía los límites institucionales. La Casa Rosada ha demostrado una determinación inquebrantable para lograr sus objetivos, incluso recurriendo a medidas extraordinarias.
El escenario político se complicaba para Lijo y García Mansilla, con obstáculos en el Senado que dificultaban la aprobación de sus pliegos. Sin embargo, el Presidente ha decidido tomar cartas en el asunto y utilizar su poder constitucional para realizar nombramientos en comisión durante el receso legislativo.
La estrategia del Gobierno no se detiene ahí, ya que planea mantener a Lijo y García Mansilla en sus cargos hasta la próxima legislatura, brindándoles estabilidad por un año. Además, se contempla repetir este procedimiento en años posteriores si el Senado sigue sin respaldarlos.
Pero la jugada maestra viene cuando se plantea que Lijo y García Mansilla juren como miembros de la Corte Suprema ante Javier Milei, en lugar de hacerlo ante el tribunal correspondiente. Este movimiento arriesgado tiene antecedentes históricos, como el juramento de cinco jueces de la Corte ante el presidente Raúl Alfonsín en 1983.
La situación plantea un desafío institucional que podría generar controversia, dado que actualmente hay jueces en funciones en la Corte. Sin embargo, el Gobierno parece decidido a seguir adelante con su plan, desafiando las convenciones establecidas.
En síntesis:
El Gobierno ha sorprendido al nombrar a Lijo y García Mansilla en un movimiento audaz. Planea mantenerlos en sus cargos y hacer que juren como miembros de la Corte Suprema ante Javier Milei. Esta decisión desafía las normas establecidas y promete generar controversia.
Preguntas frecuentes:
¿Por qué el Gobierno está dispuesto a estirar los límites institucionales?
El Gobierno quiere asegurar el nombramiento de Lijo y García Mansilla, incluso recurriendo a medidas extraordinarias para lograr sus objetivos.
¿Qué antecedente histórico se menciona en el artículo?
Se hace referencia al juramento de cinco jueces de la Corte Suprema ante el presidente Raúl Alfonsín en 1983, en una situación anómala tras la salida de la dictadura.
¿Qué desafíos institucionales plantea la decisión del Gobierno?
La posibilidad de que Lijo y García Mansilla juren como miembros de la Corte Suprema ante Javier Milei en lugar del tribunal correspondiente podría generar controversia, especialmente dado que actualmente hay jueces en funciones en la Corte.
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