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Tras la negativa de la Argentina a entregar detalles sobre las reservas de oro del Banco Central (BCRA) en el marco del litigio por la estatización de YPF, los abogados que representan al país presentaron ante la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, una declaración jurada que ratifica la posición oficial: el oro del BCRA está protegido por inmunidad soberana y no puede ser objeto de ejecución en Estados Unidos, sin importar los pedidos de discovery realizados por la contraparte.
Tal como pidió el tribunal, la Argentina presentó una declaración elaborada por el secretario Legal y Técnico del Ministerio de Economía. En ese documento se deja constancia de la información que posee esa dependencia sobre la localización del oro y de la consulta formal realizada al ministro Luis Caputo.
También se pidió opinión al Ministerio de Seguridad y al propio BCRA. El Banco Central reiteró que difundir esa información comprometería su independencia operativa, una posición que ya fue expuesta anteriormente ante el tribunal mediante presentaciones escritas.
El pedido de los demandantes se remonta al 21 de enero, cuando los fondos que litigan contra el Estado argentino por la expropiación de YPF solicitaron que se revelara la ubicación exacta del oro del BCRA, los movimientos recientes y las cuentas en las que se encuentra depositado.
La solicitud se enmarcó en las causas “Petersen Energía Inversora” y “Eton Park Capital Management contra la República Argentina”, en las que el país fue condenado a pagar US$16.100 millones. Los fondos sostienen que el Gobierno argentino obstaculiza el acceso a información clave para avanzar en la ejecución del fallo, incluida la referida a más de US$1000 millones en reservas de oro.
En concreto, reclamaron que se obligue al Estado a presentar una declaración jurada detallando dónde se halla el oro, en qué cuentas está, cómo llegó allí y, además, que se ponga a disposición un funcionario habilitado para testificar sobre el asunto. Si la Argentina alegaba que esos datos son inaccesibles porque dependen del Banco Central, pidieron entonces convocar a funcionarios con conocimiento directo, entre ellos el propio Caputo.
Hasta ahora, la jueza Preska no emitió una resolución ni ordenó una audiencia sobre este punto.
De acuerdo con lo que figura en el expediente, los demandantes vienen reclamando esta información desde mayo de 2024 mediante pedidos formales de discovery, sin obtener respuesta durante más de un año y medio. Incluso señalaron que, pese a que Preska ordenó en agosto de 2025 que la Argentina presentara un testigo calificado, el país habría incumplido al enviar un representante “no apto y sin preparación”.
La defensa argentina, por su parte, apeló todo el proceso de discovery ante el Segundo Circuito de Nueva York y mantiene vigente un pedido de suspensión que aún está bajo análisis de Preska. Si ese pedido fuera rechazado, también será apelado. En paralelo, sigue pendiente la apelación de fondo contra la sentencia por los US$16.100 millones.
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Crédito de la fuente original: www.clarin.com
